Serie: Lectura institucional del Régimen de Transición · Entrega 2

Una oportunidad nueva rara vez llega con un nombre, una tarifa y un contrato listos para firmar. Al principio aparece como una incomodidad: la realidad empieza a comportarse de una manera que nuestras categorías ya no describen bien.

En energía, esa tensión es visible. Un usuario puede generar electricidad, almacenarla y cambiar el momento en que consume. Una batería puede aportar continuidad a una instalación, modificar su demanda en horas críticas y, bajo determinadas reglas, prestar servicios a la red. Pero poseer una batería no significa que todos esos servicios sean reconocidos, contratables o remunerados.

Costa Rica discute hoy esa distancia entre posibilidad y reconocimiento institucional. El expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, y el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional, proponen rutas distintas para adaptar la operación y las reglas del sistema eléctrico. Su presencia simultánea en la discusión pública muestra que la tecnología está planteando preguntas que la arquitectura vigente necesita responder.

Ahí comienza el trabajo difícil de la transición. El valor físico puede existir antes de que exista la estructura económica capaz de recibirlo.

En la primera entrega de esta serie observamos la convivencia entre la economía heredada y una nueva economía que empieza a formarse. Ahora quiero detenerme en el momento anterior a la inversión: aquel en que alguien percibe que el valor se está moviendo, aunque todavía no pueda demostrar exactamente hacia dónde ni bajo qué condiciones será capturado.

La intuición abre una pregunta

La intuición sirve para detectar una discrepancia. Tal vez una empresa paga por energía que podría gestionar mejor. Tal vez una distribuidora necesita una respuesta localizada que sus instrumentos actuales no pueden contratar con facilidad. Tal vez un activo hidroeléctrico y uno solar tienen perfiles complementarios que podrían reducir la variabilidad de un portafolio.

Ninguna de esas observaciones constituye, por sí sola, una oportunidad de inversión. Son preguntas de trabajo.

La diferencia entre una intuición útil y una narrativa atractiva está en lo que hacemos después. Hay que preguntar qué función cumple el recurso, quién recibe el beneficio, qué norma permite actuar, quién asumiría el riesgo y cómo podría medirse el resultado. Si esas preguntas no pueden formularse con claridad, aún no sabemos qué empresa debemos construir.

Esta es una razón por la que las transiciones resultan incómodas para las instituciones. Las categorías que hicieron posible el sistema anterior siguen siendo necesarias para operarlo. Pero algunas de ellas ya no alcanzan para distinguir energía, potencia, flexibilidad, resiliencia y capacidad de respuesta como fuentes de valor diferentes.

Dos rutas para organizar la respuesta

El expediente 23.414 propone un Mercado Eléctrico Nacional y un ente coordinador, ECOSEN, con funciones de operación del sistema y del mercado. Su texto contempla agentes que podrían agregar demanda, además de contratos y transacciones de ocasión sujetos a reglas y regulación. En esa arquitectura, el desarrollo de nuevos servicios dependería de habilitaciones, productos, medición y mecanismos de transacción definidos para los participantes. Consultar el texto legislativo del expediente 23.414.

El expediente 25.781 plantea otra organización. Mantiene al DOCSE como operador del sistema dentro del ICE, con desconcentración técnica, y propone instrumentos para eficiencia y seguridad energética. Su texto contempla programas voluntarios de respuesta de la demanda cuyas reducciones verificables podrían recibir compensaciones, créditos tarifarios u otros mecanismos aprobados por ARESEP. Esa posibilidad exige coordinación, verificación y reglas de remuneración; no representa por sí sola un ingreso disponible para cualquier proyecto. Consultar el texto base del expediente 25.781.

Las diferencias entre ambos textos importan. Organizan de otra manera al operador, los participantes y el camino para reconocer una respuesta energética. Pero también hacen visible una pregunta compartida: ¿cómo pasa una capacidad física nueva a convertirse en un servicio que alguien puede solicitar, medir y pagar?

El debate legislativo aún no resuelve esa pregunta para cada tecnología o empresa. Mientras se define la ruta institucional, quien desarrolla un proyecto debe distinguir los derechos y contratos que ya existen de las oportunidades que dependen de una eventual reforma y su reglamentación. Esa disciplina permite actuar hoy y mantener abierta la posibilidad de adaptación mañana.

La estructura decide qué valor puede entrar

Me ayuda pensar en una *vasija*: una estructura con límites, capacidad y una forma determinada de recibir algo. Uso la imagen como metáfora, no como descripción técnica del sistema eléctrico.

Una empresa diseñada para instalar equipos puede construir un activo. Una empresa diseñada para vender energía puede contratar kilovatios-hora. Pero si la oportunidad exige coordinar recursos, verificar un servicio en el tiempo y compartir ingresos entre varios participantes, aquella estructura quizá ya no sea suficiente.

No es cuestión de llenarla con más tecnología. Hay que revisar su forma: los derechos que puede ejercer, los contratos que puede celebrar, los datos que puede producir, las decisiones que puede tomar y el capital que puede gobernar.

Eso significa *contener* una oportunidad nueva. La empresa debe darle un perímetro operativo y económico sin apagar la posibilidad que la hizo valiosa. Necesita límites suficientemente claros para asignar responsabilidades y suficiente capacidad para aprender cuando cambien las condiciones.

Del presentimiento al primer experimento

Antes de hablar de escala, conviene diseñar una prueba que pueda fallar de manera informativa.

Supongamos que una instalación combina generación solar y almacenamiento. Se podría afirmar que producirá energía, reducirá costos, aportará resiliencia y ofrecerá flexibilidad. Esas cuatro afirmaciones tienen compradores, riesgos y formas de medición distintos. Probar una de ellas no prueba automáticamente las demás.

Un primer proyecto debe separar las capas. ¿Qué ingreso existe bajo un contrato vigente? ¿Qué desempeño técnico puede verificarse? ¿Qué servicio depende de una metodología futura, de otra contraparte o de una nueva regla? ¿Qué hipótesis de costo y vida útil deben someterse a prueba?

Cuando estas distinciones quedan documentadas, el piloto deja de ser una demostración tecnológica. Se convierte en una fuente de evidencia empresarial. La operación revela qué parte del valor puede entregarse de forma repetible y qué parte necesita otra configuración contractual o institucional. Una empresa que conserve esa evidencia podrá evaluar con criterio las oportunidades que abran las reglas futuras, cualquiera que sea la ruta legislativa.

Aquí aparece el aprendizaje en un sentido concreto: corregir supuestos de producción, demanda, disponibilidad, precio, mantenimiento y riesgo con datos obtenidos durante la ejecución. También aprender cuándo una idea prometedora debe acotarse o abandonarse.

La empresa es el lugar donde se conserva ese aprendizaje

Un proyecto aislado puede demostrar que un activo funciona. Para que esa evidencia sirva al siguiente proyecto debe quedar incorporada en una empresa capaz de conservarla y actuar sobre ella.

Eso exige gobierno, medición, contratos, responsabilidades, criterios de inversión y mecanismos para revisar decisiones. Exige distinguir qué corresponde al activo, qué corresponde a la operación y qué capacidades deben permanecer en la plataforma que origina nuevas oportunidades.

En Trinomio llamamos Empresa Estructurada a ese mecanismo de integración. Su tarea consiste en conectar la función energética con los derechos económicos y la disciplina que requiere el capital. Puede empezar con un activo bancable, pero su valor estratégico está también en la capacidad de formar el siguiente, agregar otros y reconfigurarse cuando el contexto lo pida.

La bancabilidad pregunta si los flujos y riesgos de un proyecto permiten financiarlo. La invertibilidad de la empresa añade otra pregunta: si puede recibir, gobernar y desplegar capital a través de varios activos y ciclos de aprendizaje. Una no se presume por haber alcanzado la otra.

Qué cambia para cada actor

Para las empresas, la prioridad es transformar señales difusas en hipótesis verificables. Eso implica separar los ingresos contratados de la opcionalidad futura, medir el desempeño y registrar qué elementos del modelo pueden repetirse.

Para reguladores y operadores, reconocer una tecnología es apenas el comienzo. La evidencia de los primeros proyectos puede ayudar a definir qué servicio se recibió, cómo se verificó, quién respondió y bajo cuáles reglas podría contratarse sin trasladar riesgos imprecisos al sistema.

Para inversionistas y financiadores, importa el trayecto entre la promesa y el flujo. Deben poder observar una contraparte, una función medible, derechos exigibles, riesgos asignados y una ruta creíble desde el primer activo hacia una capacidad empresarial repetible.

Estas tareas no se resuelven al mismo tiempo. Su coordinación determina si la transición produce instalaciones dispersas o una nueva arquitectura capaz de sostener inversión.

Una estructura capaz de cambiar

El futuro no llega primero como una certeza. Llega como una tensión entre una realidad emergente y una estructura que ya no puede contenerla por completo.

La intuición permite percibir esa tensión. La estrategia la convierte en una hipótesis. La empresa construye el recipiente. El primer proyecto produce evidencia. El aprendizaje permite corregir la estructura. Y el capital puede entrar cuando comprende los flujos, los riesgos y la posibilidad de repetición.

La pregunta no es quién puede predecir el futuro con absoluta precisión. Es quién puede construir una empresa suficientemente sólida para recibir el cambio, aprender de él y darle escala.

En la próxima entrega examinaremos un paso de esta secuencia con más detalle: cómo contratos, datos y asignación explícita de riesgos reducen la incertidumbre entre una oportunidad energética y una inversión institucional.

---

*Lectura institucional del Régimen de Transición examina cómo el cambio tecnológico, climático, regulatorio y financiero exige nuevas capacidades empresariales para convertir valor energético en inversión sostenible. La imagen de la vasija se utiliza aquí únicamente como metáfora interpretativa. Referencia legislativa: textos consultados en septiembre de 2026; ambos expedientes son propuestas sujetas a trámite y posibles cambios.*

*Trinomio Energy Finance*